09 Oct España es expedientada por Bruselas por impedir los objetivos en renovables

La Comisión Europea ha dado el primer paso para expedientar a España al respecto de las energías renovables mediante un “dictamen motivado” por no haber recibido de nuestro país un informe sobre la aplicación de la Directiva 2009/28/CE sobre energías renovables. Esta ley debería de haber sido aplicada a más tardar el día 5 de Diciembre del año 2010. Hasta el día en que se inició el trámite del expediente, más de dos años después, la comisión ha sido magnánima con el Gobierno español, pero al no recibir respuesta del mismo en este periodo de tiempo, ha decidido tomar cartas en el asunto.

El quid de la cuestión se basa en el porcentaje de consumo de energías renovables frente a energías tradicionales como los combustibles fósiles. La directiva exige que al menos el 20% del total para el año 2020 sean totalmente renovables, pero tras la última reforma energética del Gobierno, parece una cota más que inalcanzable en el periodo de tiempo restante. El plan exige a su vez que se establezcan normas adecuadas para mejorar la profesionalidad de los instaladores de energías renovables, que se fluidifiquen y se optimicen los procedimientos administrativos y que se mejore el acceso a la red general a partir de energías renovables. Todo ello parece ser que ha caído en saco roto a juicio del Comisario europeo de energía Günther Oettinger.

Ello ha dado pie en gran medida a la gran destrucción de empleo que sufre el sector, cifrada en más de 4.500 puestos de trabajo, y hasta un 90% del tejido empresarial, motivada en parte por el descenso del consumo y por una gran carga fiscal que ha impuesto el gobierno a las energías verdes. El nuevo impuesto realiza unas cargas para los usuarios de energías renovables que cuenten con su propia instalación para su autoconsumo, penalizando de esta manera el uso del sol y del viento. Con ello pretende sufragar parte de los gastos en los que se ha incurrido para la construcción de nuevos gaseoductos y parte de la red eléctrica. Es decir, el usuario individual que genera energía verde para su autoconsumo ha de contribuir en el pago de los gastos en los que incurre el sistema energético español aunque no haga uso del mismo.

El impuesto establecido a través de la política regulatoria del Estado hace que la amortización de las instalaciones se duplique en tiempo por lo que hace que el sistema sea inviable económicamente.